LA REFORMA LABORAL EN MÉXICO

NUEVAS REGLAS DE CONCILIACIÓN Y CREACIÓN DE TRIBUNALES LABORALES

La reforma a la Ley Federal del trabajo publicada el 1 de mayo del 2019 establece nuevas disposiciones en cuanto a la conciliación previa al procedimiento jurisdiccional. La creación de Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación y de las Entidades Federativas, así como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Se destacan como novedades importantes las siguientes:


Función conciliatoria

En el nuevo modelo de justicia laboral, los trabajadores deberán acudir a una instancia conciliatoria como requisito previo para poder ejercer sus acciones legales en los Tribunales laborales. Este requisito no sera necesario en los casos de discriminación en el empleo por embarazo, sexo, raza, condición étnica o condición social; designación de beneficiarios; reclamo de prestaciones de seguridad social; reclamo por la titularidad de Contrato Colectivo o Contrato-Ley, así como conflictos relacionados con estatutos de sindicatos y sus modificaciones, en los cuales se podrán ejercer las acciones legales sin agotar previamente la instancia conciliatoria.

Si el patrón no comparece a la etapa conciliatoria  se le impondrá una multa de 50 a 100 veces la UMA.

La conciliación estará a cargo del funcionario conciliador quien emitirá el citatorio

de conciliación, valorará las causas de justificación de inasistencia de las partes,

propondrá acuerdos y certificará el cumplimiento de los convenios.

Los convenios que se celebre ante el Centro de Conciliación surtirá plenos efectos

legales y sólo podrán impugnarse si contiene condiciones que impliquen renuncia de derechos.

“La reforma a la ley tiene como eje primordial la conciliación, privilegiando el diálogo como medio alternativo de solución de conflictos”

La reforma a la ley tiene como eje primordial la conciliación, privilegiando el diálogo como medio alternativo de solución de conflictos, pretendiendo evitar la saturación de los tribunales laborales. El nuevo procedimiento laboral deberá de reducir significativamente el tiempo de resolución de los juicios.

 

La conciliación siempre ha sido una parte fundamental del derecho procesal del trabajo pero el aumento de la carga de trabajo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la reducción de presupuesto y la falta de profesionalización de funcionarios, aunado a los intereses económicos de abogados que buscan prolongar los juicios para encarecerlos llevó a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a un rezago importante en la impartición de justicia.

Fig. 2: Conciliación - Motivo del Conflicto

(Fuente: PROFEDET, Sistema Integral de Procuración de la Defensa del Trabajo.)

Autoridades y reglas de transición

La reforma dispone la creación de nuevas autoridades laborales.

Tribunales Laborales

Se ordena la creación de Tribunales Laborales Federales y Locales que dependerán del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial de las Entidades Federativas que tendrán a cargo la tramitación y resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones. Estos tribunales sustituyen a las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje y deberán de iniciar sus funciones en un máximo de tres años en las Entidades Federativas y de cuatro años para los Tribunales Federales a partir de la publicación del decreto.

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

Se ordena la creación del el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que tendrá como principales atribuciones y funciones las siguientes:

  • Realizar la función conciliatoria como nuevo mecanismo alternativo de solución de controversias laborales.

  • Realizar el Registro de todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales de todo el país.

  • Será un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con domicilio en la Ciudad de México y contará con oficinas regionales en las Entidades Federativas, que deberá de contar con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de decisión y de gestión.

  • El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral deberá de iniciar sus funciones en materia de registro de asociaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo en un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en vigor de la reforma a la Ley, atendiendo a las posibilidades presupuestales.

  • El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral deberá de iniciar sus funciones de autoridad conciliadora Federal en un máximo de cuatro años a partir de la entrada en vigor del decreto.

 

En un plazo de ciento ochenta días deberá de expedir la ley orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado “Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral”

Los Centros de Conciliación de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México tendrán como funciones principales las siguientes: 

  • Realizar la función conciliadora en los conflictos entre patrones y trabajadores.

  • Poner en práctica el Servicio Profesional de Carrera para capacitar y profesionalizar al personal que realice las funciones conciliadoras.

Función registral y administración de contratos colectivos

En tanto no entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (máximo dos años), la STPS y las Juntas de Conciliación y Arbitraje continuarán con las responsabilidades registrales de los sindicatos conforme a la ley vigente hasta el primero de mayo de 2019.

Función jurisdiccional y conciliatoria

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje continuarán conociendo de los juicios laborales en trámite actualmente, así como de aquellos que se generen a partir de la entrada en vigor del decreto hasta que entren en funciones los Tribunales Laborales.

Mientras los tribunales laborales y los centros de conciliación locales entran en funciones, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo conserva las funciones conciliatorias temporalmente.

Los contratos colectivos deberán revisarse por lo menos una vez dentro de los siguientes cuatro años conforme al procedimiento previsto en la reforma. La falta de revisión o cumplimiento con los requisitos de conocimiento y aprobación de los trabajadores causará la terminación del contrato colectivo.

Para realizar la consulta a los trabajadores sobre el contenido de los Contratos Colectivo la STPS deberá establecer un protocolo de verificación dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del decreto.

“Los contratos colectivos deberán revisarse por lo menos una vez dentro de los siguientes cuatro años conforme al procedimiento.”

Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma

al Sistema de la Justicia Laboral 

Se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de la Justicia Laboral, como instancia nacional de consulta, planeación y coordinación que tendrá por objeto establecer la política y la coordinación nacional necesaria para implementar a nivel federal y local el Sistema de Justicia Laboral en los términos previstos en la ley, con pleno respeto a las atribuciones de los Poderes Federales y Locales.

Dicho Consejo fue instaurado por la secretaria del Trabajo y un Consejo, integrado por representantes de las secretarias de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Fiscal, CONAGO, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y la Conferencia Nacional de Secretarios Del trabajo.

Entre sus principales acciones establecieron: La creación e instalaciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; la transferencia y digitalización de expedientes; la creación y entrada en funciones de los tribunales laborales; impulsar que se concluyan los asuntos que están en trámite y pendientes de resolución; promover la profesionalización en materia de justicia laboral; así como emprender los procedimiento para garantizar la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica.

La reforma laboral surtirá efectos gradualmente. Las cuestiones que inciden en los procedimientos administrativos, jurisdiccionales individuales y colectivos quedarán supeditados al funcionamiento de las nuevas autoridades conciliatorias, registrales y jurisdiccionales, por lo que continuará siendo aplicable el marco legal previo a la reforma.

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