LA REFORMA LABORAL EN MEXICO
¿QUÉ SIGUE?

En una fecha simbólica, primero de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por virtud del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.


MGGL tiene el gusto de presentarles un resumen de los puntos más relevantes de la reforma y anticiparles que durante el mes de mayo estaremos comunicando análisis y opiniones puntuales en torno a los derechos individuales, aspectos sindicales y de contratación colectiva, la función conciliatoria como medio de prevención de conflictos y presupuesto para la procedencia de las acciones legales, los nuevos procedimientos a desahogarse ante los tribunales laborales y en general, cuestiones en torno a las autoridades y la transición de la administración de justicia laboral del poder ejecutivo al poder judicial. 


La reforma ha generado expectativas e incertidumbre por su condicionamiento frente al TMEC, el proceso legislativo y la poca participación del sector empresarial. Desde luego, tiene aspectos que contribuirán al equilibrio entre los factores de la producción, la formalización de la administración de las relaciones laborales y una justicia expedita apegada al debido proceso.


1. Relaciones individuales de trabajo

 

La estabilidad en el empleo sufrirá una transformación. Por un lado, la reforma prevé la posibilidad de que el patrón termine la relación de trabajo con (i) los empleados de confianza, (ii) aquellos de menos de un año de antigüedad, (iii) trabajadores del hogar, (iv) eventuales, o bien (v) aquellos que por razón de sus servicios estén en contacto directo y permanente con éste, mediante la tramitación de un paraprocesal por virtud del cual depositará ante el Tribunal Laboral el importe de la indemnización correspondiente. 


En segundo término, la reforma establece que la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo al trabajador no eximirá al patrón de probar su dicho. Esto quiere decir que el patrón deberá acreditar la inexistencia del despido, por lo que quedará en desuso el ofrecimiento del trabajo como una estrategia de defensa. 


Por otro lado, la falta de la entrega del aviso de rescisión ya no hace el despido injustificado por definición legal. Esta omisión sólo presume la injustificación del despido, ya que admite prueba en contrario.  Esto abre la posibilidad de que en juicio se pueda probar la justificación del despido a pesar de no haber entregado o notificado el aviso.


Los trabajadores del hogar serán susceptibles de aseguramiento ante el IMSS, bajo el régimen que las leyes de la materia expidan, por lo que dicho derecho no es exigible a la fecha.  

2. Sindicatos y contratación colectiva

 

La reforma regula exhaustivamente la creación y administración de los sindicatos. El nuevo modelo se sustenta en la democracia y representatividad, procurando asegurar la libertad de negociación colectiva y los intereses de sus integrantes.  Los sindicatos deberán cumplir con requisitos formales que demuestren procesos democráticos, transparencia en su gestión, administración de recursos y limitar sus actividades inherentes a los fines legales previstos. 

Las actividades y fines sindicales se regulan con mayor detalle. A partir de la reforma podrán establecer y gestionar sociedades cooperativas y cajas de ahorro para sus afiliados, pero estarán expresamente impedidos, entre otras cosas, para participar en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de obligaciones patronales respecto a los trabajadores, o participar en actos de simulación asumiendo el carácter de patrón. De igual forma se sancionan los actos de extorsión sindical, incluso con la cancelación de su registro.

“El nuevo modelo se sustenta en la democracia y representatividad, procurando asegurar la libertad de negociación colectiva y los intereses de sus integrantes."

La contratación colectiva estará supeditada a la obtención de una constancia de representatividad. Esta constancia se tramitará ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; exige el apoyo del 30% de los trabajadores del centro de trabajo en que aplicaría el contrato colectivo y tendrá una vigencia de seis meses. El ejercicio del derecho de huelga para solicitar la celebración de un contrato colectivo estará condicionado a la obtención de la constancia de representatividad. Para el registro de un contrato colectivo de trabajo o convenio de revisión, será necesario someter a votación de los trabajadores el contenido del mismo.

 

3. Función conciliatoria

 

La conciliación prejudicial es un requisito previo para el ejercicio de la acción legal del trabajador en los Tribunales laborales. No podrá promoverse demanda sin previamente haber agotado la instancia conciliatoria, salvo en los casos de discriminación en el empleo; designación de beneficiarios; reclamo de prestaciones de seguridad social; reclamo por la titularidad de Contrato Colectivo o Contrato-Ley, así como conflictos relacionados con estatutos de sindicatos y sus modificaciones.

La instancia conciliatoria prejudicial comprende: la solicitud de las partes o de una de ellas para iniciar el procedimiento ante el Centro de Conciliación, ya sea Federal o Local (dependiendo de la jurisdicción derivado de la actividad del patrón), así como la celebración de la audiencia de conciliación (obligatoria) y la eventual celebración de convenio. El convenio surtirá pleno efecto legal y sólo podrán impugnarse condiciones que impliquen renuncia de derechos.

4. Nuevos procedimientos de administración de justicia 

 

Los Tribunales Laborales de los Estados conocerán de los conflictos que se susciten en su jurisdicción y que por excepción no correspondan a la competencia de los Tribunales Federales. Por lo que hace al procedimiento ordinario, los trabajadores accionantes deberán promover su demanda acompañando las pruebas de su parte. El patrón deberá contestar por escrito dentro de los 15 días siguientes a la fecha de emplazamiento, presentando las pruebas correspondientes. 
 

El nuevo procedimiento prevé notificaciones por buzón electrónico y un trámite más ágil. Destaca el reconocimiento de los CFDIs como medio de prueba para el salario y dispone sanciones frente a conductas notoriamente indebidas e improcedentes de las partes y autoridades.

"El nuevo procedimiento prevé notificaciones por buzón electrónico y un trámite más ágil." 

De acuerdo con los principios de la reforma, referentes a la libertad y democracia sindical, se establece dentro del procedimiento especial, el procedimiento especial colectivo. Este procedimiento no requiere la constancia de representatividad para el ejercicio de la acción y dada su naturaleza no permite la negociación previa y dentro del procedimiento. Este procedimiento está diseñado para que se diriman mediante la consulta de los trabajadores (recuento) la titularidad del contrato y cuestiones colectivas como la suspensión y terminación colectiva de las relaciones de trabajo, entre otros.

5. Autoridades y reglas de transición 

La reforma dispone la creación o modificación del ámbito de autoridades relacionadas con la administración de las relaciones de trabajo, en los términos siguientes:

  • Función registral y administración de contratos colectivos

 

Hasta en tanto no entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (máximo dos años), la STPS y las Juntas de Conciliación y Arbitraje continuarán con las responsabilidades registrales en relación a los sindicatos conforme a la ley vigente hasta el primero de mayo de 2019. La Ley Orgánica del Centro deberá expedirse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto. 

 

  • Función jurisdiccional y conciliatoria 

 

Las Juntas continuarán conociendo de los asuntos vigentes a la fecha, así como de aquellos que se generen a partir de la entrada en vigor del decreto hasta que entren en funciones los Tribunales, conforme a las disposiciones de las leyes anteriores al decreto. Deberán, además, presentar un plan de conclusión de asuntos en trámite dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor. 
Mientras los tribunales y los centros de conciliación locales deberán entrar en funciones dentro de los tres años, los tribunales de carácter federal y el Centro Federal, por lo que hace a la función conciliatoria, deberán hacerlo dentro de los siguientes cuatro años a partir de la vigencia del decreto. La Procuraduría del Trabajo conserva las funciones conciliatorias temporalmente.


Los contratos colectivos deberán revisarse por lo menos una vez dentro de los siguientes cuatro años conforme al procedimiento previsto en la reforma.  La falta de revisión o cumplimiento con los requisitos de conocimiento y aprobación de los trabajadores causará la terminación del contrato colectivo. Para efectos de la consulta a los trabajadores respecto del contenido del contrato, la STPS deberá establecer un protocolo de verificación dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del decreto. 


La reforma laboral surtirá efectos gradualmente. Las cuestiones que inciden en los procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales individuales y colectivos quedarán supeditados al funcionamiento de las nuevas autoridades conciliatorias, registrales y jurisdiccionales, por lo que continuará siendo aplicable el marco legal previo a la reforma. Sin embargo, incorpora disposiciones que refuerzan el cumplimiento de la ley, así como derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones en el desarrollo de las relaciones de trabajo, que serán exigibles a partir de la vigencia general del decreto.