Efectos estructurales de la reforma constitucional y perspectivas laborales 2018-2024.

El concepto de trabajo en México y su dimensión social sufrirá cambios importantes en los próximos años. Después de los regímenes neoliberales, vienen, con el nuevo gobierno, principios y valores sociales que modificarán el status quo.

Recientemente, después de una reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2012, vimos cómo las políticas de competitividad laboral en base al libre mercado y a una oferta de mano de obra barata traspasaron fronteras, convirtiéndose en un obstáculo para nuestros socios comerciales en el exterior, y cómo se acentuaron peligrosas dinámicas en perjuicio de las condiciones económicas de la clase trabajadora.

Los efectos se dejaron ver con la formación inicial de una comisión visitadora de Estados Unidos para verificar condiciones de empleo y contratación colectiva. Después vino la negociación del TPP que incluye estándares mínimos laborales, fundados en la Declaración de los Derechos Fundamentales de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo (“OIT”), y en donde se dejó patente la falta de libertad sindical y de negociación colectiva en nuestro país, con el predominio de los contratos colectivos administrativos o de “protección”.

“Presiones externas y las condiciones de empleo propiciaron una actividad legislativa intensa en materia laboral”

Así, hacia los últimos años del sexenio de Enrique Peña Nieto, la necesidad de adecuar el marco normativo se volvió no sólo un tema estratégico, sino una urgencia que permitiera evitar la condena internacional.


Presiones externas como la negociación del TPP y el gobierno de Estados Unidos encabezado por Trump, la inviabilidad de la continuidad del NAFTA, y las condiciones de empleo, forzaron aumentos de recuperación al salario mínimo, propiciaron una actividad legislativa intensa en materia laboral. 


Los acontecimientos más relevantes se pueden resumir de la siguiente forma.

Reforma Constitucional Laboral

En primer término, destaca la reforma constitucional de febrero de 2017 a los artículos 107 y 123. En esencia, la reforma dispuso lo siguiente:

  • La conformación de Centros de Conciliación, Administración Sindical y de Contratación Colectiva, para que asuman las funciones conciliatorias en sus jurisdicciones federal o local, agotándose (salvo algunas excepciones) la instancia conciliatoria antes de proceder a la jurisdiccional. La reforma dispone que el organismo conciliatorio federal, debe, además, asumir la responsabilidad de registrar los contratos colectivos de trabajo, y de las organizaciones sindicales, así como conocer todos los procesos administrativos relacionados. Este organismo, debe establecerse como un organismo público descentralizado, cuyo titular será designado por el Ejecutivo y el Senado. 

 

  • La transformación de las Juntas de Conciliación en “juzgados o tribunales laborales locales o federales”. En caso de no resolverse el conflicto en la etapa conciliatoria, el Poder Judicial Federal y Local serán los encargados, según su competencia, de impartir la justicia laboral. Esto quiere decir que los tribunales laborales serán parte del Poder Judicial, y dejarán de depender del Ejecutivo. De acuerdo con los transitorios de la reforma, en tanto se forman los tribunales laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado, las Juntas continuarán con sus labores jurisdiccionales y registrales, quienes deberán resolver los asuntos en trámite a la fecha de la entrada en vigor de la reforma, de acuerdo con las disposiciones aplicables al momento de su inicio. Una vez conformados, podrán transferirse los asuntos pendientes de resolución. 

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Fig. 1 -  El Legado en materia laboral: antecedentes de conflictividad (Fuente: STPS, JCFA)

La implementación de procedimientos y requisitos para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, procurando los siguientes principios:

  • Representatividad de las organizaciones sindicales, y

  • Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo:

    • El voto de los trabajadores será personal, libre y secreto para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes;

    • Fijar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos para la elección de dirigentes de conformidad con lo dispuesto en la ley;

    • Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores.

Para efecto de poder materializar la reforma constitucional, los transitorios establecieron los mecanismos y los tiempos para llevarla a cabo, a saber:

  • El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas dentro del año siguiente a la entrada en vigor. Estas adecuaciones deben incluir:

    • Conformar la ley que crea el organismo público descentralizado que se encarga de la conciliación federal, así como los registros sindicales y de contratos colectivos y procedimientos administrativos relacionados; 

    • La modificación y adición de diversos artículos a la Ley Federal del Trabajo, por un lado, para atender la armonización del citado cuerpo normativo a la reforma constitucional en comento y, por otro, incorporar las normas relativas a la conciliación, su procedimiento y el sistema de selección de conciliadores, normas procesales de carácter jurisdiccional y finalmente normas que regirán el registro de organizaciones sindicales, contratos colectivos de trabajo y procedimientos administrativos relacionados;

    • Adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

  • En tanto se instituyen e inician su funcionamiento las nuevas instituciones, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos laborales.

  • Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación continúan conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos emitidos por las Juntas en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 107 de esta Constitución. 

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Fig. 2 -  Asuntos Individuales por Fase (Fuente: STPS, JCFA)

  • Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los tribunales laborales serán resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio.

  • Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán transferir los procedimientos, expedientes y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tengan bajo su atención o resguardo a los tribunales laborales y a los Centros de Conciliación.

  • Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán transferir los expedientes y documentación al organismo descentralizado que se encargará de atender los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.

El Convenio 98 de la OIT

Con fecha primero de diciembre de 2015 se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, así como de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República la aprobación del Convenio 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicalización y de negociación colectiva. 
Sin embargo, el dictamen y aprobación de éste se llevó a cabo hasta el 30 de octubre de 2018, una vez que los senadores elegidos en las elecciones de junio de ese año estaban en funciones y Morena pudo empujar su aprobación sin ningún contratiempo.

Al quedar eliminada la cláusula de exclusión por separación contenida en la Ley Federal del Trabajo en el 2012, se eliminó la única cuestión sustantiva que impedía la ratificación del Convenio. En la especie, el convenio entrará en vigor un año después de su depósito en la OIT, y junto con la Constitución y las leyes federales formará parte de la Ley Suprema de nuestro país.

“Al quedar eliminada la cláusula de exclusión por separación de la Ley Federal del Trabajo en el 2012, se eliminó la única cuestión sustantiva que impedía la ratificación del Convenio”

En términos generales este convenio obliga a nuestro país a otorgar las garantías legales necesarias para:

  • Que los trabajadores estén protegidos de cualquier acto discriminatorio tendiente a menoscabar la libertad sindical. 

  • Que los trabajadores no estén condicionados a determinada afiliación sindical para obtener empleo.

  • Que los trabajadores no puedan ser despedidos por causa de su afiliación sindical.

  • Que los trabajadores y sindicatos estén protegidos contra cualquier acto de injerencia por parte del patrono.

  • Estimular y fomentar la negociación voluntaria y la contratación colectiva para regular las condiciones de empleo.    

El contenido del Convenio así, es consistente con la ley laboral vigente, y por lo tanto no requiere una modificación  a nuestra legislación laboral, pero se verá reforzada con las disposiciones que se adicionen en relación a la reforma constitucional de 2017 en relación a (i) la libertad de negociación colectiva, (ii) la representatividad en las organizaciones sindicales, (iii) la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos, (iv) la votación libre y secreta, así como (v) la representación y democracia sindical.

 

 

Los tratados comerciales relevantes

En el mundo del comercio internacional, los derechos laborales nunca han ocupado una posición relevante. La Organización Mundial de Comercio deja en manos de la OIT las cuestiones laborales, y en su marco normativo no existen mecanismos de protección a estándares laborales. Por ejemplo, el NAFTA inicialmente dejaba el cumplimiento de derechos laborales mínimos, conceptualizados en 11 principios laborales, solo violaciones en torno a (i) salario mínimo, (ii) seguridad e higiene, y (iii) trabajo infantil proveían para agotar el procedimiento de resolución de controversias y eventualmente a la pérdida de derechos comerciales al amparo de dicho tratado.

Poco a poco se ha dejado de lado los tratados en donde el cumplimiento de las leyes laborales son responsabilidad soberana y doméstica de cada Estado parte del acuerdo, y la OIT se ha injertado en los tratados comerciales internacionales, mismos que hacen referencia a los derechos fundamentales de 1998 y a su cumplimiento como condición para acceder a los beneficios comerciales. 

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Fig. 3 -  Salario mínimo LatAm  (Fuente: TradingEconomics.com)

1.  Tratado de Asociación Transpacífico (TPP)

Este tratado comercial está firmado por Japón, Australia, Canadá, México, Perú, Chile, Malasia, Vietnam, Nueva Zelanda, Singapur y Brunéi. El TPP involucra 14% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y 15% del comercio mundial, así como una población de 500 millones de personas. Trump desdeñó el tratado desde su campaña presidencial, y una vez que tomó posesión como presidente retiró su participación.

El TPP fue ratificado por el Senado de la República en abril de 2018, y en materia laboral adoptará y mantendrá leyes y regulaciones, que regulen condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo, y seguridad y salud en el trabajo, así como los siguientes derechos:

  • Libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva;

  • La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

  • La abolición efectiva del trabajo infantil y, para los efectos de este Tratado, la prohibición de las peores formas de trabajo infantil; y

  • La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Al amparo del tratado, cada parte conserva el derecho de ejercer una discrecionalidad razonable para la aplicación y toma de decisiones de buena fe sobre la asignación de recursos para actividades de aplicación en materia laboral relativas a los derechos laborales fundamentales.

Sin embargo, la falta de aplicación efectiva de sus leyes, que traiga como consecuencia una afectación al comercio o a la inversión entre las partes, genera, después de agotar el procedimiento correspondiente de solución de controversias, ya sea mediante el dialogo cooperativo, consultas, conciliación, o el establecimiento de grupos especiales para la solución de controversias, la imposición de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones amparadas por el tratado, que pueden incluir la  compensación económica y la suspensión de beneficios comerciales.

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2.    TMEC (antes NAFTA)

Como resultado de la oferta de mano de obra barata como ventaja competitiva para atraer inversión extranjera directa, entre otros factores, Estados Unidos amenazó con dejar sin efecto el tratado de libre comercio con Canadá y México.  Vale la pena recordar que los detractores del NAFTA en 1991 anticipaban problemas laborales y pérdida de empleos frente a la sensible diferencia en los costos de mano de obra. La única forma de salvar la negociación fue estableciendo acuerdos paralelos de cooperación ambiental y laboral, respectivamente. El acuerdo paralelo (NAALC) recogía el reconocimiento de la particularidad y diferencia en sus sistemas laborales, y que cada Estado debería atajar sus cuestiones de forma local.

Los resultados del manejo autónomo e independiente de lo laboral frente a lo comercial trajeron desequilibrios entre las partes y una desigualdad socioeconómica mayor en nuestro país.

La ardua negociación arrojó un capítulo laboral muy parecido al del TPP, complementado con un anexo referente a la representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México, que asume la obligación de cumplir las siguientes obligaciones especiales:

  • Establecer en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas de negociación o protección colectivas y a organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección.

  • Prohibir el dominio o interferencia del empleador en actividades sindicales, discriminación o coerción contra los trabajadores por virtud de actividad o apoyo sindical, y la negativa a negociar colectivamente con el sindicato debidamente reconocido.

  • Establecer y mantener órganos independientes e imparciales para registrar las elecciones sindicales y resolver controversias relacionadas con contratos colectivos y el reconocimiento de los sindicatos.

  • Establecer (i) una entidad independiente para la conciliación y el registro de contratos colectivos de trabajo y (ii) Tribunales Laborales independientes para la resolución de controversias laborales.

  • Disponer un sistema efectivo para verificar que las elecciones de los líderes sindicales se lleven a cabo a través de un voto personal, libre y secreto.

  • Adoptar legislación que requiera (i) la verificación de que los contratos colectivos cumplen con el apoyo de los trabajadores,  (ii) para el registro de un contrato colectivo inicial, el apoyo mayoritario, a través del ejercicio del voto personal, libre y secreto, (iii)los contratos colectivos existentes se revisarán al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de la legislación verificando que los trabajadores conocen el contrato y apoyan la revisión, y (iv) que los contratos sean de acceso público.

Si bien el TMEC no ha sido ratificado por el Senado mexicano ni estadunidense, además de que tampoco se ha aprobado en el parlamento de Canadá, se prevé que el nuevo tratado entre en vigor en 2020.

Que sigue: La reforma a la justicia laboral          

 

Derivado de la reforma constitucional, la negociación del TMEC y las presiones de Estados Unidos para que se complete la reforma laboral, como un paso previo para que este país someta a su Senado la ratificación del tratado trilateral, se han presentado en la Camara de Diputados diversos proyectos legislativos en materia de justicia laboral. Parece que los tiempos políticos son justos, y que el gobierno federal desea alinear la promulgación de las nuevas leyes de la materia con el primero de mayo, día internacional del trabajo.

El pleno de la Cámara de Diputados ha aprobado el Dictamen preparado con las reformas y lo enviará al Senado de la República en los próximos días,  para su respectiva aprobación en comisiones y votación en el Pleno.

 

Próximamente estaremos comunicando a ustedes los cambios mas relevantes en materia de contratación, relaciones colectivas, procedimientos jurisdiccionales, y las reglas de transición ue derivan del nuevo marco legal que resulte.

*  Fuente: Información estadística y administrativas presentados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Junta Federal de conciliación y arbitraje.

** Fuente: tradingeconomics.com